Rocha Gómez, José Luis2019-09-252019-09-252015-01-30201002513552http://hdl.handle.net/20.500.12424/217760"En abril de 2010, el presidente Daniel Ortega firmó un decreto por el cual estableció la permanencia en sus cargos de 20 altos funcionarios, incluyendo jueces y miembros del tribunal electoral, cuyos mandatos habían vencido. La crisis institucional es un capítulo más de un prolongado proceso de degradación del Estado. El artículo argumenta que, en su retorno al poder tras 17 años en espera, el Frente Sandinista requiere de un Estado reducido en ciertas áreas y fuerte en otras: un Estado privatizado en el suministro de servicios sociales y reconcentrado en la regulación que controla la inversión extranjera y la continuidad de un régimen más próximo a las teocracias que a las democracias."spaCreative Commons Copyright (CC 2.5)policycrisisinstitutionsstateNicaraguaPolitical ethicsGovernance and ethicsEconomic ethicsReligious ethicsArticle